lunes, 13 de agosto de 2012

Desafíos para una nueva Administración de Justicia

La planificación de las políticas públicas en el siglo XXI requiere la incorporación de nuevas ideas que permitan afrontar los problemas complejos y las demandas sociales vinculadas a la eficiencia, la transparencia y responsabilidad  en la aplicación de los recursos públicos. Nos encontramos transitando una etapa de transformaciones culturales y sociales que presentan mayores complejidades a la hora de resolver los problemas sociales.

El poder judicial no es ajeno a esta situación, y por tanto debe plantearse la necesidad de modificar su visión realizando transformaciones que permitan dar respuesta a estas demandas sociales. En tal sentido, para el diseño de las diferentes políticas públicas judiciales se requiere profundizar la profesionalización de los recursos humanos existentes y la incorporación de profesiones que hasta hace poco se encontraban muy distantes de la Administración del Poder Judicial.

Estos nuevos desafíos requieren la formación de cuadros especializados para analizar y evaluar el impacto de las decisiones y programas que se lleven adelante. En tal sentido, profesionales capaces de analizar variables y construir indicadores de gestión resultan imprescindibles para la mejor aplicación de los recursos económicos en pos de las decisiones que en el marco de la gestión sean adoptadas.

En este contexto, el mayor compromiso de funcionarios, magistrados judiciales en la construcción de políticas públicas orientadas a perfeccionar la administración de justicia y la capacidad de acceder a ella requiere que los distintos niveles de la Administración se profesionalicen y formen con conocimientos que abarcan disciplinas y especialidades que van más allá de la visión tradicional del derecho.

Así las cosas, se debe fortalecer la capacitación de los recursos humanos en las nuevas tecnologías y todas aquellas herramientas necesarias para la gestión de un estado moderno. Asimismo, la formación de áreas técnicas interdisciplinarias que evalúen con parámetros de eficacia, eficiencia y calidad las acciones implementadas y genere los insumos requeridos para que el proceso de toma de decisiones se realice en base a datos mas confiables de forma de arbitrar las medidas necesarias para brindar un mejor servicio de justicia.

Nuestro poder judicial posee recursos humanos muy valiosos y comprometidos con los valores democráticos y la gestión judicial. Es necesario fortalecer la capacitación y dotarlos de las herramientas necesarias para afrontar estos nuevos desafíos.

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